LA GRAN ACCIÓN REPRESIVA DE FRANCO
QUE SE QUIERE OCULTAR
Por Francisco Moreno Gómez
(Publicado en Hispania Nova, Núm.
1, Extraordinario, 2015, dirigido por Ángel Viñas, bajo el título general de “Sin
respeto por la Historia. Una biografía de Franco manipuladora”,
contra Stanley G. Payne)
Resumen
Ante la teoría de Payne/Palacios de que Franco fue
un “ausente” en su gran plan represivo, este artículo pretende demostrar que el
dictador no sólo estuvo siempre “presente” en la represión, sino que él mismo
fue impulsor directo desde su Cuartel General, a través del SIPM, del que era
jefe; un organismo encargado de la “represión rápida”, desde mediados de 1938. Al
llegar la posguerra, Franco puso en marcha el proyecto represivo definitivo: la
multi-represión, desde muchos ángulos, no sólo los
fusilamientos, en un insólito ataque combinado, del que no fue ajeno el vector
nazi. Utilizó la tortura, el trabajo esclavo, la represión económica, etc., y
el hambre en las cárceles, a manera de su “Auschwitz particular”. Franco no
cesó de dictar leyes represivas en catarata: 1939, 1940, 1941, 1943, 1947,
etc., lo cual se ignora en el libro de Payne/Palacios, en un gran ejercicio de
tergiversación.
Palabras clave:
Represión
franquista, multi-represión de la posguerra, la represión a través del SIPM,
mortandad en las cárceles, conexiones nazis, blanqueamiento de la dictadura,
los “enterados” de Franco.
1. Preliminar
Escribir sobre Franco en el siglo XXI
difiere bastante de cómo se hacía en el siglo anterior. La ciencia histórica ha
avanzado. Hoy se sabe mucho más de los hechos ocurridos, entre otras cosas
porque se dispone de más fuentes, de más archivos y de una bibliografía más
extensa. La terminología también ha evolucionado, dejando atrás vocablos meliorativos o peyorativos, según aparecen
en Stanley G. Payne y Jesús Palacios en su reciente biografía de Franco. En su
libro todos los republicanos son siempre “revolucionarios” o “rojos”, que es
falso. Estos autores no han ampliado su ángulo de visión, al ignorar fenómenos
nuevos que han incidido en la historiografía, como el movimiento memorialista,
la exhumación de fosas (con el consiguiente impacto nacional e internacional),
la llamada Ley de Memoria Histórica (2007) y la entrada en acción de diversos
organismos de la ONU sobre la criminalidad franquista, haciendo visible el “caso
español” en el panorama historiográfico interior y exterior y en el plano de la
justicia universal.[1]
Sobre todo, no es frecuente hoy la dicción
tremendista, que quedó de manifiesto en la rueda de prensa que dieron los
autores Payne y Palacios (en adelante P/P) en Madrid a comienzos de diciembre
de 2014 cuando hablaron del pasado y del presente con evidente estilo
alarmista: “No descartaría una crisis
total del sistema en España (en 2014)…
Actualmente la crisis política es peor que la económica… La situación política
empeora cada día más.” [2]
Es la misma visión con la que parecen afrontar la II República. Pero las
realidades, entonces y hoy, no son tan catastróficas. Y si el presente aparece
desenfocado en la retina de P/P, cuánto más podría ocurrir con la visión del
pasado.
Ilustración del dibujante Martínez de León, en el libro de Pedro Garfias "Héroes del Sur", Barcelona, 1938.
No hay que olvidar que la victoria llegó
sin ningún armisticio, en plena rendición incondicional y de debacle para los
vencidos.[3]
Quedaron borradas del diccionario las palabras amnistía o reconciliación.
Se trataba entonces de consumar el proyecto represivo diseñado antes del 18 de
julio para la consecución del poder y la destrucción del sistema republicano y
de las élites y bases que lo sustentaban. La victoria supuso la intensificación
del gran proyecto represivo, lo que llamamos multi-represión, que no era sólo matar, con ser esto gravísimo,
sino acorralar a los vencidos desde todos los ángulos posibles, de una manera
confluyente. El profesor Rodríguez Arias afirma que “Franco no sólo quería ganar la guerra; quería eliminar a cualquier
sector social que pudiera dar sustento a la República española…”.[4]
Un punto de vista bastante generalizado, que también hemos oído a Paul Preston:
“A Franco, más que la conquista del
territorio, le interesaba la represión del territorio. Su ritmo lento de guerra
se explica por esto”.[5]
Se trataba de un despiadado plan de exterminio,
castizamente llamado “limpieza”, del que en modo alguno cabe eximir a Franco,
perfecto conocedor e impulsor de la misma. En su estrategia, lo central era la
“limpieza”; lo demás, colateral.[6]
Hay que tener en cuenta que la multi-represión
que se desencadenó en la posguerra forma parte del mismo proyecto y del
mismo continuum represivo iniciado en
1936, pero en 1939 con una mejor y más perfecta dedicación, porque ya no
existía el entorpecimiento de la guerra.
Cuando P/P entran en el capítulo
9 de su obra (“La represión de los nacionales”), se limitan a bordear, sin
afrontar, el gran programa represivo de Franco, admitiendo sólo algunos de “sus
excesos”, pero tapándolos con la magnificación de las “maldades” de los
republicanos, a los que jamás llaman por este nombre. En realidad,
comprobaremos que desconocen en absoluto la realidad de la represión franquista
(campos, cárceles, fusilamientos, de torturas ni una palabra, y las diferentes
represiones -económica, ideológica, de la infancia, exclusión laboral, etc.). Este
artículo tenderá a exponer con claridad lo que Franco hacía, cómo reprimía y cómo
mató para destruir la República democrática, sus élites y sus bases
socio-políticas. Hoy, la reconstrucción histórica de aquella gran complejidad
violenta diluirse y ocultarse bajo el simplismo de la supuesta reconciliación.[7]
2. La
eclosión de la venganza en 1939.
Franco,
además, jefe del SIPM
Existe
un aspecto de la inmediata posguerra que desmitifica muchos tópicos como es la
vana pretensión “blanqueadora” del perfil del dictador, según la cual éste
ejercía su mando un tanto “ausente” del derramamiento de sangre de la gran
represión. Así aparece en el libro de P/P con observaciones de este tenor: “En cualquier caso, la represión siguió
siendo responsabilidad de los tribunales militares” (pp. 261 y 262). Curiosa
exculpación, pero los autores olvidan que “eran los tribunales militares de
Franco” y que las sentencias de muerte
las firmaba Franco. No existió ninguna decisión “delegada” propiamente dicha
para la firma de sentencias. Franco “no delegó” su alta misión punitiva.
Cuantos expedientes de ejecución de pena capital hemos consultado incluyen,
generalmente, el “enterado” del dictador. Muy excepcionalmente puede faltar
este requisito en algún caso aislado, por motivo de rapidez sumaria y por el
agobio de expedientes en que se veía envuelta España entera. Rara vez pudo
darse el encargo circunstancial del “enterado” al Auditor o al Capitán General.[8]
Pocas veces. Incluso en el sumarísimo de urgencia de “Las 13 rosas” (Madrid,
1939) llegó el “enterado” del dictador, pero una semana después de la ejecución.
2.1
Franco, impulsor directo de la “gran
limpieza”
En realidad, los
“enterados” estuvieron siempre en manos de Franco, y los “tribunales militares”
no pasaron de ser una tramoya subalterna y carecieron, lógicamente, de
independencia. Los sumarios los originaba cada Auditoría de Guerra (Mérida en
Badajoz, Peñarroya en el Norte de Córdoba, etc.). La Auditoría designaba a los
jueces instructores en las principales localidades. Terminados los sumarios, se
nombraba un tribunal militar, que “juzgaba” y ahí terminaba su misión. Luego,
la Auditoría aprobaba las sentencias, pasaban a Capitanía General, de ahí al
despacho de Franco, quien personalmente repartía a voleo los “enterados”, al
lado de su ayudante Martínez Fuset.[9]
Es conocido que una
de las tareas predilectas cotidianas de Franco era el trajín de despachar y
“enterarse” de montones y montones de expedientes sumarísimos. Todavía en
guerra, las carpetas de expedientes iban siempre con Franco en el vehículo de
sus traslados. No podía delegar lo que para él era crucial, no tangencial, en
el proyecto golpista del 18 de julio. Todo este sendero de la muerte es desconocido
en el libro de P/P, que pone el énfasis en los “tribunales militares”, los
cuales no eran los directores de la represión, sino simples “despachadores” de
los sumarios que se les ponían por delante. Lo cierto fue que todo el andamiaje
represivo llevaba la aprobación y firma de Franco. Con la sublevación militar,
la Junta de Defensa Nacional (Junta Militar) asumió todos los poderes en
Justicia (28-7-1936). Estos poderes los asumió el Alto Tribunal de Justicia
Militar, por un decreto firmado por Franco (24-10-1936). Así continuó, hasta
que Franco estampó su firma en la Ley de 5-9-1939, que creó el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Quienes hemos
manejado centenares de expedientes de guerra, desde los primeros años de plomo
hasta bien entrada la década de los cuarenta, sabemos de la intervención
directa de Franco en la burocracia de la muerte. He aquí un par de ejemplos para ilustrar a P/P en lo que era el
ceremonial de la muerte (1937-1950). Como son sólo dos ejemplos, por una vez permítasenos
que seamos detallados. En 1939, el Juzgado Militar de Peñarroya (Córdoba)
instruyó la causa contra Gabriel González Godoy, natural de Linares, partiendo
de telegramas remitidos por la Guardia Civil de esta localidad, que lo
calificaban de “malos antecedentes” (izquierdista). El prisionero redactó un
recurso que no surtió efecto. El 6-7-1939 se celebró la vista de tipo colectivo
ante el Tribunal Militar ambulante y fue condenado a muerte El 8-8-1939 la Auditoría de Guerra del
Ejército del Sur (Sevilla) aprobó la sentencia. El “enterado de S. E. el Jefe
del Estado” no llegó hasta el mes de octubre. El trabajo de Franco en estos
menesteres era abrumador en el año de la victoria. Así pues, el 30-10-1939
llegó por la mañana a Peñarroya el expediente de González Godoy, con el
“enterado” fatídico. A las 17 h., según trámite habitual, se reunió el tribunal
para ir recibiendo a las víctimas, que eran siete, y se les leyó a cada una su
sentencia, condena a muerte y el “enterado”. A continuación los pusieron “en
capilla”, por escasísimo tiempo, porque la ejecución se llevó a cabo a las 20
horas. La familia de González sólo sabe que el cuerpo fue a parar a la fosa
común y no recibieron ninguna carta de despedida. Solía ocurrir que al reo que
no confesaba el capellán le destruía las cartas de despedida.
Procede ahora dar
un salto en el tiempo, para corroborar el conocimiento de Franco en toda la
cadena represiva. Tal vez P/P lleguen a
tomar buena nota de estas cuestiones, en las que aparecen no sólo como poco
expertos sino como erráticos. Un ejemplo de 1945: Francisco Jiménez Pozo “El
Churro”, miembro del maquis, en la línea Jaén-Córdoba. Apresado en enero de
1944, se le fusiló en 1945, no en aplicación del Código de Justicia Militar,
sino por la Ley de Seguridad del Estado, de 1941 (Artículo 53, sobre “atraco a
mano armada”, los típicos golpes económicos que daba el maquis). Son ya
persecuciones no de guerra, sino de posguerra. La cadena de los expedientes
resulta ahora más compleja: del Gobierno Militar de Jaén al Auditor de Sevilla,
luego al Capitán General de la II Región, después al Auditor del Ministerio del
Ejército (Madrid), y se produce el “Enterado del Gobierno”. Ahora vuelta para
atrás, por el mismo camino, siempre con Franco en la cúspide.[10]
Al final, el Gobierno Militar de Jaén nombra Juez Militar de Ejecutorias, a fin
de comunicación y ejecución de la víctima.[11]
Queda probado: Franco no delegaba su facultad de dar el visto bueno a todas las
sentencias de muerte, o personalmente o con su Gobierno.
En un principio, todos
iban a la fosa en aplicación del Código de Justicia Militar de 1890 (CJM), vigente
hasta 1945, en una especie de “justicia al revés”. Se
condenaba por delito de “rebelión” a quienes habían sido leales al
Estado constitucional. Esta circunstancia importantísima se halla ausente en el
libro de P/P. Si se lee el Artículo 237 del CJM, sobre el delito de rebelión,
resulta sorprendente: “Son reos del
delito de rebelión militar los que se alcen en armas contra la Constitución del
Estado, contra el Rey, contra los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno
legítimo… siempre que estén mandados por militares…”. Así pues, ¿quiénes
debieron ser juzgados por rebelión ante los hechos del 18 de julio? Los
franquistas incumplían su propio Código. El Artículo 238 establecía la “pena de
muerte” para cargos de responsabilidad. En los Artículos 239, 240 y 241 se
establecen penas no de muerte para
los implicados en sedición, auxilio, provocación, inducción, excitación o
conspiración. También en esto incumplieron los vencedores su propio CJM,
aplicando a mansalva la pena de muerte para casos de no responsabilidad.[12]
Por lo
tanto, resultan inútiles los diversos intentos de P/P por exculpar a Franco, al
desconocer los vericuetos de la “justicia” militar y los diversos organismos
que intervenían, incluido el propio dictador. Decir que “en los primeros meses Franco tuvo poco que ver con la represión”
(p. 259) es un gran disparate, porque lo primero que hizo en Ceuta y Melilla
fue someter a estas ciudades a un baño de sangre. Franco se cuidó mucho de
dejar bien fusilados a los militares no golpistas, entre ellos a su primo el
comandante Lapuente Bahamonde (5-8-1936). Cuando Franco llegó a Sevilla el
15-8-1936, sabía perfectamente que Andalucía y Extremadura se hallaban en un
charco de sangre. Las primeras víctimas del golpe militar fueron los militares
leales, cuando los republicanos todavía no habían iniciado matanza alguna, que
no empezó, propiamente, hasta el asalto al cuartel de la Montaña, en Madrid.
Es erróneo
que “en las primeras veinticuatro horas,
tras el inicio de la rebelión militar, se habían creado los consejos de guerra”
(p. 257). No es cierto. Funcionaron algunos “consejillos” de guerra dispersos,
pero sólo para fusilar a alguna personalidad relevante, civil o militar, como
el citado comandante Lapuente, o el capitán Tarazona, en Córdoba, y poco más.
Casi todas las víctimas de 1936 (muchas después) fueron a la muerte en un
simple “paseo”, sin la posibilidad de estos “consejillos” de guerra improvisados.
Los consejos de guerra no empezaron a extenderse, poco a poco, hasta la
primavera de 1937; sin olvidar que siempre que los franquistas ocupaban pueblos
y ciudades aplicaban primero la “limpieza” rápida, con “paseos” y “ley de
fugas” sin miramientos. Luego, uno o dos meses después, con más tranquilidad,
se pasaba a los consejos de guerra.
La
“limpieza rápida” se desencadenó, por ejemplo, tras la ocupación de Asturias,
Cantabria, País Vasco, La Serena (Badajoz), etc. Primero, los “paseos”
(“choques con la fuerza pública” los llamaban) y después empezaban a funcionar
las Auditorías, los Juzgados Militares y, por último, sentenciaban los
tribunales militares en sus consejos de guerra. El libro de P/P se pregunta
“dónde se asesinaba más” (p. 257), cosa que Payne sabía perfectamente hace unos
años, en sus primeras obras, antes de su reconversión. No se comprende por qué
ahora todo es diferente ni por qué ahora estos autores califican la Ley de
Memoria Histórica como “torticera y
revanchista” (p. 257), apelativos que sólo indican un posicionamiento
ideológico actual, pero no historiográfico.
2.2
El gobierno de Franco nombraba a los
represores provinciales
Insistimos
en la constatación de que Franco era el administrador directo de la gran
represión. Los autores P/P se empeñan en seguir exculpando al dictador de la
matanza inmisericorde: “Los jefes locales
(franquistas) no estuvieron sujetos a
ningún control durante las primeras semanas y meses, hasta que Franco fue
proclamado Generalísimo” (p. 257).[13]
Esto es radicalmente incierto. En provincias, nadie mataba a nadie sin llamar antes a Pamplona, Sevilla o
Salamanca-Burgos, sedes del triunvirato. Las instrucciones se repartían a
placer a través de los Gobiernos Civiles o Militares. Cuando el sátrapa de Granada
no sabía qué hacer con García Lorca, llamó a Sevilla, donde Queipo le indicó
que le dieran “Café, mucho café”, la trágica consigna.[14]
Decir
que “Los jefes militares regionales del
bando nacional fueron los responsables de la represión” (p. 258) es puro
confusionismo, porque esos jefes sólo eran tres: Franco-Queipo-Mola. Desde una
publicación de 2006 (J. L. Cervero) sabemos cómo los jefes militares regionales
estaban totalmente supeditados al “Cuartel General del Generalísimo”. Los
ejecutores materiales de las matanzas eran, sobre todo, los delegados de Orden
Público.
Pues bien, estos
delegados los nombró, para todas las ciudades franquistas, el general Martínez
Anido, ministro de Orden Público (en adelante O. P.) de Franco, con el visto bueno
de éste. Hay un documento de nombramiento de 45 Delegados de O. P., con fecha
11-11-1937, con la firma de Martínez Anido y la de Franco. En esa lista
aparecen muchos de los grandes genocidas de la zona franquista, la mayoría
oficiales de la Guardia Civil. Cuando Queipo de Llano nombró (8-enero-1937)
Delegado de O. P. de Málaga, próxima a caer, al genocida de Baena, teniente
Pascual Sánchez Ramírez, que luego arrasó la ciudad, Queipo pidió antes el
visto bueno al general Inspector de la Guardia Civil con residencia en
Valladolid.[15] Por
tanto, nada de improvisaciones: la jerarquía y la escala de la represión
franquista estaban en perfecta coordinación, desde Burgos/Salamanca. Por otra
parte, mucho menos se puede echar la culpa de la represión a “los falangistas”
(p. 258). Es verdad que fueron entusiastas partícipes en las patrullas de la
muerte, pero casi siempre a las órdenes de un militar.
En
realidad, el libro de P/P no sabe a quién echar la culpa de la gran represión:
los jefes locales, los jefes militares, los tribunales militares, los
falangistas, etc.… Demasiadas vueltas, para un solo culpable. Luego utilizan
los autores otra teoría peregrina para “blanquear” a Franco, y es el invento de
que “al final, actuó para reducir y
controlar la represión tras la conquista de Málaga…” (pp. 260 y 261). ¿Y
por qué desde el 1º de octubre anterior esperó tanto para reducir la represión?
Porque tal aseveración es falsa. Y nombran, precisamente, a Málaga, en cuyo
cementerio de San Rafael se han localizado 4.000 esqueletos, la mayor fosa de
Europa occidental después de Srebrenica, a lo que habría que sumar las aproximadamente
3.000 víctimas civiles ametralladas y cañoneadas en la carretera de
Málaga-Almería, la llamada “gran desbandá”.[16]
Un genocidio que movió a León Felipe a escribir La Insignia y al médico canadiense Norman Bethune a confesar lo
siguiente: “España es una herida en mi
corazón. Una herida que nunca cicatrizará. El dolor permanecerá siempre
conmigo, recordándome siempre las cosas que he visto”.[17]
La gran cantidad de
evacuados de Málaga fue perseguida por los franquistas en distintas
direcciones. El gran contingente fugitivo siguió la carretera Málaga-Almería,
pero muchos de los “no significados” políticamente marcharon hacia sus pueblos
de origen. Unos fueron asesinados en Ronda, otros en la fosa de Órgiva (Granada),
y otros -está constatado- en Puente Genil (Córdoba), en Morón (Sevilla), etc., durante
los meses siguientes. Y eso que Franco ya quería reducir los crímenes.... Luego
vendrá, en 1937, la ocupación de Asturias o la de Santander, con una oleada de
“paseos”, más los consejos de guerra, que se llevarían por delante, por
ejemplo, a Leopoldo Alas Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo, hijo
del célebre “Clarín”. Ya había caído el rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila, asesinado el
22-10-1936 (El rector de la Universidad de Valencia, Juan B. Peset, sucumbiría
en 1941). En 1938 ocurrieron horrores en la citada ocupación de La Serena
(Badajoz), después Lérida, etc. En 1939, la masacre de Tarragona, y ya en la
victoria, la “época dorada” de la “ley de fugas” por Badajoz-Córdoba, etc., a
manos del SIPM,[18]
del que era jefe el propio Franco desde su “Cuartel G. del Generalísimo”.
2.3
La falaz “magnanimidad del Caudillo”
Los
autores P/P se afanan en hacer aparecer algunos organismos recién creados para
demostrar la mítica “magnanimidad” o benignidad del Caudillo, como el Alto
Tribunal de Justicia Militar (24-10-1936), que no fue “una corte de supervisión y apelación de los tribunales militares” (p.
259). Gran error. Fue, simplemente, el órgano que entendía de competencias y
coordinación, como plasmación de la hegemonía de la justicia castrense, tras la
casi anulación de la justicia ordinaria.[19]
Lo cierto fue, para mayor abundancia, que el Alto Tribunal de Justicia Militar,
para impedir la posibilidad de recursos, emitió una circular de fecha 21-11-1936,
en la que la posibilidad de interponer recursos sólo podía referirse a los
casos que no fueran sumarísimos, que eran casi todos.[20]
En esas fechas, ni funcionaban tribunales militares (salvo en casos
contadísimos) ni siquiera había pensado el Estado dictatorial incipiente en
apelaciones ni pequeñeces similares, cosa que no se permitió hasta el 25 de enero
de 1940 con las Comisiones de Examen de Penas,[21]
que tampoco eran como piensan P/P, ya que incluían hasta 33 supuestos de
exclusión para poder plantear una revisión o apelación.
Que el tema lo
desconocen los autores se demuestra en que atribuyen a estas Comisiones poder “revisar todas las penas” (p. 267). No
fue cierto. Para empezar, estaban excluidos los condenados a pena de muerte, a
pena de muerte conmutada y a treinta años, que formaban el gran contingente de
condenados. Los casos incluidos eran las condenas menores y poco más. En
realidad, la orden se dio para coordinar los centenares de tribunales militares
y que no hubiera disparidad de criterios. Y segundo, los hechos probados no se
podían revisar, sólo se tenían en cuenta “atenuantes”, si los había, sobre todo
la conducta del penado “antes del Movimiento”.[22]
Los errores vuelven a provenir de Julius Ruiz, que viene dando a esta
orden-circular franquista unos efectos que no tuvo.
Los autores P/P incurren en contradicción
respecto al supuesto temperamento “magnánimo del Caudillo” porque se les escapa
en algunos párrafos la auténtica realidad inhumana, cruel y sanguinaria del
dictador. Escriben: “… a menudo se
mostraba tan severo e impersonal que parecía no conocer las emociones humanas”
(p. 264). En esto han acertado plenamente. Todos los testimonios han coincidido
en esto siempre: que no le importaba nada la muerte ajena. Y más exacto resulta
cuando escriben: “Fueron pocas las
ocasiones en que atendió las peticiones de clemencia para personas condenadas…”
(p. 261) y cuentan una anécdota a la medida de la crueldad del personaje: “El presidente de Acción Católica, Fernando
Herrera Oria, dirigió en 1937 varias protestas a Franco, que dejó de recibirlo.
Más tarde, Franco lo deportó en 1939” (p. 261).[23]
Por tanto no parece cierto lo que dicen P/P, que Franco se puso a controlar la
represión después de la toma de Málaga. Las protestas de Fernando Herrera, que no
surtieron ningún efecto, demuestran lo contario. Donde sí aciertan nuestros
autores es en esto: “…La represión por
parte de los nacionales se volvió más organizada, fue la más efectiva de las
dos y también la que se cobró más vidas…” (p. 259). Por fin una visión
fugaz de la verdad histórica, cuando consiguen levantar la niebla artificial.
A partir de la pág. 267, P/P diseñan un canto a las
bondades del régimen por una serie de indultos
que se concedieron (se llamaban “medidas
extraordinarias de libertad condicional”, no “indultos”). Ponen el énfasis
en este aparente rasgo “paternal”, pero la cuestión de los indultos no puede
interpretarse como un gesto filantrópico o magnánimo del dictador, sino como un
remedio de emergencia, a cuentagotas, dados: la gran masificación carcelaria,
el caos insostenible y la falta total de infraestructuras. Ante aquella locura
de medio millón de presos o más (entre campos y cárceles), Franco no tuvo más
remedio que ir soltando lastre.[24]
Además, los libertos no salían a ningún paraíso, sino a sufrir el acoso en sus
pueblos de origen, sin libertad de movimientos, con vigilancia de la Guardia
Civil y presentaciones diarias al atardecer a la puerta del cuartel, a “pasar
lista”, cantar el Cara al sol y a recibir,
algunos, una ración de palos. Los libertos “gozaban”, además, del vacío social,
de las “listas negras” para trabajar y de la exclusión de todo tipo.
La relación de “indultos” que presentan P/P está
llena de errores. El primer “indulto” (“medidas extraordinarias de libertad
condicional”) fue el 5 de abril de 1940, “para mayores de sesenta años, que
tuvieran cumplida la cuarta parte de la condena”. El 4 de junio de 1940, para
los “condenados entre seis años y un día y doce años, cumplida ya la mitad de
la condena y con una conducta ejemplar”. Los resultados numéricos fueron poco
significativos, porque lo abundante en las cárceles eran las penas mayores, no
las menores. Además, hay que recordar que muchas de las liberaciones lo eran
“con destierro”, a 250 kms. del pueblo de origen. Añadamos otra gran salvedad:
muchos de los presos que salían no era a la calle, sino a los campos de
trabajo, colonias penitenciarias, zonas devastadas, destacamentos penales,
etc., Su número ya no contaba en las estadísticas de las prisiones. Cuando se
daban cifras de presos, no cabe olvidar que otros tantos penaban en el trabajo
esclavo. Por todo ello, el bienio dorado del trabajo esclavo fue 1942-1943. No
obstante, los presos preferían este destino, porque dentro de las prisiones se
morían de hambre. Insistimos en que los “indultos” fueron poco significativos
numéricamente. Por ejemplo, en el de 13 de marzo de 1943, sólo afectó a 1.087 presos de toda España
(311 con destierro, y 776 sin destierro).[25]
Para seguir un poco la secuencia de los hechos
continuó la indulgencia el 1 de octubre de 1940: se concedió libertad
condicional a los condenados a 12 años y un día. El 16 de octubre de 1942 se
amplió un poco la concesión: hasta los condenados a 14 años y ocho meses. El 29
de septiembre de 1943 se extendió la medida a los condenados mayores de 70
años, con exigencia del visto bueno del recién creado Servicio de Libertad
Vigilada, al que más adelante aludiremos. El 17 de noviembre de 1943 se otorgó
la condicional a los condenados a veinte años y un día “por razones de salud,
extraordinario comportamiento (es decir, aventajados en religión,
propagandistas de Redención, lo que
se puede llamar “conversos” al Régimen) u otros méritos sobresalientes”. Las
cifras que aportan P/P sobre los llamados “indultos” no son rigurosas. Lo
cierto fue que desde primeros de 1940 hasta mediados de 1941, sólo pudieron
acogerse a la “libertad condicional”, 28.787 presos.[26]
En 1942, los beneficiados fueron 29.353.[27]
Rodríguez Teijeiro ya ha llamado la atención sobre las cifras infladas de
Payne.[28]
Por último, llegamos al mítico “indulto total” de 9
de octubre de 1945, que olvidan P/P, donde la palabra “total” ha confundido a
muchos. “Total” no se refiere al número de condenados, sino a “la totalidad de
la pena”, de esta manera: “… se concede
indulto total de la pena impuesta (no el total de presos), por los delitos de rebelión militar, contra
la seguridad interior del Estado o el orden público”. Y se hacía la
concesión a petición de los interesados, lo cual llevaba meses y meses de
trámites. En el preámbulo se observa un tono propagandístico de cara a los
aliados, al fin de la II Guerra Mundial. Se habla de “la normalización de la vida española”, para lo cual hay que
distinguir “a los que lucharon
arrastrados por la pasión política y los que dirigieron y excitaron a las
masas”. Por tanto, se establece una división de los presos entre
“engañados” y “engañadores”. Para éstos, las penas más severas. Para los
comunistas y los masones no había redención posible. José Manuel Sabín ha
ofrecido datos de los efectos del indulto de 1945 en Toledo (Ocaña, Talavera de
la Reina), comprobando que a finales de 1945 sólo habían salido por tal indulto
35 presos. Fue en 1946, cuando salieron más presos: 523.[29]
2.4
Franco como represor directo a través del
SIPM
Lo que
no podían imaginarse los autores P/P es que Franco, no sólo no era ningún
“ausente” en el programa represivo, sino que él mismo dirigió, porque dependía
de su Cuartel General, la fuerza pretoriana más sanguinaria de los días de la
Victoria, el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Conviene
detenerse en estos datos sorprendentes, ya que P/P han dedicado gran parte del
capítulo 9 a exculpar y blanquear la figura de Franco,[30]
culpando a otros del derramamiento de sangre. Franco era conocedor y
protagonista, mediante las fuerzas del SIPM, que aplicaron los “paseos” a toda máquina
en abril y mayo de 1939 contra personal civil y contra prisioneros de los
campos de concentración como el de Castuera.
En aquella “primavera
negra” (abril y mayo, 1939) el repunte del “paseo” y de la “ley de fugas” se
desbordó, aunque nuestros biógrafos lo ignoran por completo. He aquí algunos ejemplos
de la “primavera negra”: 70 “paseados” en Casas de Don Pedro; en Orellana la
Vieja, 63 “; en Don Benito, 61, etc. (pueblos de Badajoz). En Pozoblanco
(Córdoba), constan 101 víctimas de la “ley de fugas” en los citados dos
primeros meses de la victoria. Y existen muchos datos más por toda la zona
Centro-Sur[31] que
revelan el programa “rápido” del gran vencedor.
¿De dónde partió la
ejecución del programa de “limpieza rápida”, o “ley de fugas”, de abril y mayo de 1939? Del temible Servicio de
Información y Policía Militar (el SIPM). La sorpresa surge cuando caemos en la
cuenta de que el jefe último del SIPM era el propio Franco y así figura en los
Estatutos: “La Jefatura del SIPM dependerá directamente de S.E. el
Generalísimo, cursando todos los asuntos corrientes por conducto del general
Jefe del E. M. General”,[32]
es decir, el general Martín Moreno. Este servicio informativo y policial de
Franco arranca el 14-9-1936, cuando se creó el servicio secreto (SIM), bajo el
mando del general Múgica, con cuartel general en Burgos. El 30-11-1937 Franco
firmó la creación del SIPM, que empezó a actuar a partir de marzo de 1938, un
año antes de la victoria, gozando en todo momento del asesoramiento de los
servicios secretos alemanes e italianos.[33]
En marzo de 1939, cuando se avecinaba el proyecto
colosal de puesta en marcha del Nuevo Estado dictatorial, Franco sólo estaba
obsesionado con los planes represivos. Empezó a distribuir “Instrucciones” para
el SIPM desde Burgos, con el fin de que las represalias fueran exhaustivas. En la
“Instrucción nº 4” (10 de abril) remitía normas para la organización de campos
de concentración: “un campo por cada División enemiga…”.[34]
Aunque se establecieran campos adicionales, siempre se nombrarían por el de
mayor importancia.
Pero lo más significativo fue el eufemismo que
empleó Franco en las “Instrucciones” de los días 29 y 30 de marzo referentes a
los campos: “…al propio tiempo que se
lleva a cabo el cumplimiento de misiones que no admiten demora, se hace
posible una permanencia mayor de los prisioneros y presentados…”.[35]
La “misión que no admitía demora” era la “limpieza rápida”, las ejecuciones
sumarias y los “paseos” de la victoria. El único proyecto nacional que
interesaba a Franco era el justiciero. A primeros de marzo de 1939 puso en
marcha los “Servicios de Justicia de los Frentes”. A los prisioneros, antes de
ponerlos a disposición de la Inspección Central de Campos de Prisioneros
(ICCP), se les pasaba por esta primera criba del SIPM para lo que ya se ha
dicho: “el cumplimiento de misiones que no admiten demora”. Lo suyo era poner a
los prisioneros a disposición del Auditor del Ejército de Ocupación, pero
muchos vencidos no tuvieron esa oportunidad.
En la “Instrucción nº 4” (10 de abril) se incluyen
también “Instrucciones” de 27 de marzo y de 6 de abril (1939), con normas tan sorprendentes
como las siguientes: “En cada Campo de Concentración se constituirán tres
Tribunales Especiales de Clasificación, designados por el jefe de Batallón de
Custodia, e integrados por un Capellán y tres oficiales del mismo, de los que
el de mayor graduación o antigüedad desempeñará el cargo de presidente, y el
Capellán y los otros dos, de auxiliares…”.[36]
En esta composición se constata la total implicación de la Iglesia en la gran
represión de Franco, tema astutamente eludido por los autores P/P.
Del plan general de torturas, que afectó a casi toda
la España vencida, también se ocupó Franco en su “Instrucción nº 3”, emanada de
Burgos, para su ejecución por parte del SIPM, en los términos siguientes,
lógicamente con eufemismos: “El Oficial interrogador no se limitará a un simple
sistema cerrado de preguntas y respuestas sino que, haciendo uso de la mayor
habilidad, procurará obtener de los prisioneros todos los datos que se
interesan… utilizando en el interrogatorio
cuantos artificios le sugieran su imaginación y experiencia.” [37]
(Subrayado en el original).
Que la ejecución del terror de la primavera de 1939
corría a cargo del SIPM lo tenemos ampliamente documentado. Todas las
inscripciones en el Registro Civil de Pozoblanco se hacían por “oficio de la Comandancia de Policía
Militar”. En Villanueva de Córdoba ha quedado triste memoria de las
actuaciones del “Teniente del SIPM”, Leopoldo Mena. Hasta en los papeles de la Causa General se coló información sobre
el terror del SIPM en abril y mayo de 1939, mediante “paseos” o ejecuciones
sumarias. En Fuenlabrada de los Montes (Badajoz) se incluyó esta información
sobre 17 fusilamientos iniciales en la primavera de 1939: “… después de la liberación de este pueblo fallecieron de hemorragia
aguda por acción de agente traumático lanzado por las fuerzas de la Policía
Militar; se encontraban detenidos por las fuerzas militares y todos en general
fueron antes y durante el Glorioso Alzamiento nacional destacadísimos elementos
desafectos de la santa causa…”.[38]
De la importancia represiva del SIPM da una idea el
hecho de que sus fuerzas fueron incrementadas con 9 batallones más en toda la
línea Centro-Sur, en vísperas de la victoria: 2 batallones más en Badajoz, 3
más en Córdoba, y el resto, en Granada y Almería.[39]
Lo más terrible de la represión parece que lo sufrieron Badajoz y Córdoba, bajo
el mando del capitán de la Guardia Civil Manuel Carracedo. Todo esto nos lleva
a una elemental conclusión: la dirección de la gran represión la llevaron
siempre los militares, por más que contaran con la entusiasta colaboración de
falangistas, carlistas, o personal civil variopinto. Siempre que se organizaba
una “patrulla de la muerte”, estaba presente un militar. Los hechos se
contradicen con la afirmación de P/P de
que “el soporte más importante en dicho
sentido (las ejecuciones) fueron los
falangistas” (p. 258). Esto no es cierto y carece de fundamento. Los
falangistas mataron mucho, pero al lado de los militares.
3. Lo que ocultan Payne y Palacios:
campos,
cárceles y multi-represión.
No cabe presentar una biografía de Franco sin entrar
de lleno en su estrategia represiva y recurriendo a tópicos o tratando de
diluirse en “otras guerras civiles”, las cuales nunca se concretan. El gran apresamiento
masivo de 1939, de cerca de un millón de hombres y mujeres, ni tiene parangón
en la historia de España, ni se dio en la zona republicana, ni se dio en esas
inconcretas “guerras civiles revolucionarias” a las que gustan aludir P/P. La
España de Franco tuvo aquí otro de sus records,
con la única similitud de los campos nazis, mutatis
mutandis, creados por Hitler desde 1933. Mussolini organizó sólo uno, en
Trieste. Franco superó a todos, con nada menos que un centenar de campos sin
contar los provisionales. Por supuesto, no hay que aclarar que Franco fue el
primero en número de campos, pero no en número de muertos. Este apresamiento
masivo (campos y prisiones) constituye la época más negra y vergonzosa de la
historia española.[40]
Los prisioneros de Franco se exponían, primero, a una violencia de Estado.[41]
Segundo, el apresamiento masivo fue un gran proyecto no solo de reclusión sino también de
represión, de castigo, de eliminación o de “reeducación”. Este proyecto tuvo
mucho que ver con la política criminal del III Reich, es decir, el proyecto
dictatorial y fascista europeo: excluir, seleccionar, castigar y aterrorizar a
los oponentes políticos.[42]
Insistimos siempre en las consabidas diferencias (sin olvidar las similitudes).
El apresamiento masivo franquista
alcanzó cifras hiperbólicas, en abril de 1939. Unos 507.000 ó más en los campos
de concentración.[43]
En cuanto a los recluidos en las múltiples prisiones franquistas suele citarse un cómputo oficial del régimen cifrado en
270.719 presos a finales de 1939.[44]
De éstos, 23.000 eran mujeres, muchas con sus niños, los cuales no se
registraban.[45]
Con razón, Martín Torrent, capellán de la prisión de Barcelona, pudo escribir
en 1942 sobre “la población penitenciaria
más importante de España y seguramente… la más numerosa del mundo”.[46]
Los estudiosos coinciden en que tal cómputo está seguramente minimizado, dada
la fecha de su publicación, a finales de la II Guerra Mundial, cuando al
régimen de Franco no le interesaba aparecer con datos excesivos de presos políticos.
Por otra parte, en el citado cómputo no
se incluían los 90.000 prisioneros destinados en los Batallones de
Trabajadores, así como los 47.000 de los Batallones Disciplinarios de Soldados
Trabajadores ni casi con toda seguridad los numerosos presos de las cárceles
menores de los pueblos, que no pasaron a las grandes prisiones hasta finales
del verano de 1940. No se incluían tampoco los muchísimos presos preventivos o gubernativos,
desperdigados por todas partes y en la Dirección General de Seguridad. Sobre la
minimización de cifras de la represión franquista ha escrito Ricard Vinyes: “… Las cifras se mistificaron siempre… La
naturaleza de esta mistificación fue política e ideológica. No me refiero a la
evidente intención de la dictadura de propagar que había pocos presos
políticos, sino a la de que no había ninguno y que sólo había delincuentes…”.[47]
La represión fue mucho más que la de los paredones.
El castigo se centró, sobre todo, en el mundo carcelario, un círculo infernal
de donde partían todas las formas de castigo-sumisión de los vencidos, la “multi-represión”. El mundo represivo
franquista fue todo un proyecto de castigo de los vencidos, dirigido por el
Estado y sus funcionarios. Este proyecto de Estado no tiene nada que ver con lo
que ocurrió en la zona republicana. La
diferencia es abismal y hay que verlo así desde la ciencia histórica. Del
círculo carcelario franquista salía todo el abanico de las modalidades represivas,
muy numerosas y complejas.
3.1 Los
elementos de la multi-represión
1)
En el círculo carcelario se ubicaba, primeramente, el ceremonial de los fusilamientos masivos, unos 40.000 o más
en la posguerra (sin contar los 100.000 exterminados durante la guerra, cifras
comúnmente sostenidas por la generación de historiadores españoles aplicados a
esta cuestión en los últimos treinta años). Precisamente en este punto, el de las
cifras, el libro de P/P presenta un
verdadero caos, sin una fundamentación investigadora. Los autores nadan ahí en
aguas desconocidas. Dicen que “se ha exagerado
el número de muertes violentas, civiles y militares, durante la Guerra Civil” (p.
262). ¿En qué datos basan la supuesta exageración? Y se inventan un cómputo de 340.000
muertos (en retaguardia y en los frentes), pero sin ningún apoyo documental. Se
trata de una cifra conjunta que no hemos leído nunca en ningún especialista.
Después, presentan otras cifras desconocidas entre los historiadores
especializados: “Se dictaron casi en
total 51.000 sentencias de muerte, de las que no menos de 28.000 se cumplieron”
(p. 266). Otra pura invención que
los autores toman del consabido Julius Ruiz.[48]
Sólo en el Archivo Militar Territorial Primero (Madrid) existen 300.000
personas encausadas (según testimonio directo y personal de los archiveros). Resulta
inconcebible que, habiendo aparecido en España varias decenas de monografías
territoriales de enorme valor, con la cuestión de las cifras por delante, P/P se
hayan dignado despreciarlas y no consultarlas, yendo a beber en fuentes más
sectarias que rigurosas en panorama actual. Convertir a estas alturas a Julius
Ruiz en una autoridad en materia de represión franquista, despreciando todo lo
hecho en España, es algo totalmente improcedente.
Más adelante ofrecen los autores otro recuento de
víctimas discordante, según el cual las víctimas de derechas fueron 56.000, y
las republicanas, 80.000 (pp. 258-259), cifras también tomadas de Julius Ruiz,[49]
y nuevamente erróneas. En cuanto al número de “caídos” (derechas), el
especialista José Luis Ledesma sitúa la cifra en 49.272.[50]
En cuanto al número aproximado de eliminados por el franquismo, en nuestro
libro Víctimas de la guerra civil, hicimos
la estimación, a partir de datos de dos tercios de las provincias, en 140.000.[51]
En torno a esta gran masacre se mueve la mayoría de los autores especialistas
en el tema.[52]
El gran problema del cómputo republicano es la existencia de los
“desaparecidos” (la mayoría, no inscritos o indocumentados), que el auto del
juez Baltasar Garzón (16-10-2008) cifró en 114.226.[53]
Este dato tiene su mini historia, ya que saltó a la prensa (El País, 17-10-2008), cuando todavía
estaba incompleto. En el “Informe sobre la represión franquista” que F.
Espinosa entregó en el Juzgado de Garzón, la cifra mínima de “desaparecidos”
fue de 129.472.
Con todo, las cifras “exactas” sobre las víctimas
mortales causadas por el franquismo son imposibles de dilucidar. Los autores
P/P deben anotar lo siguiente, si pretenden fundamentar su fe en la
“magnanimidad del Caudillo”: 1) Las sacas
y fusilamientos casi diarios que ocurrieron en torno a los campos de
concentración (Castuera, La Granjuela, San Marcos de León, etc., monasterio
de Uclés, Ronda, San Cristóbal…). 2) Los que perecieron en torno a los campos de trabajo, cifras todavía
imprecisas, pero considerables; 3) Los miles que murieron en los campos franceses en los tres primeros
meses del exilio.[54]
4) Los varios centenares que dieron su vida en el trabajo esclavo del Norte de África. 5) Los alrededor de 6.000
españoles abandonados en el exterminio de los campos nazis. 6) Los casi 15.000 presos (falta un balance
definitivo) que perecieron por hambre y privaciones en las cárceles franquistas, sobre todo en 1941 (año que para Julius Ruiz
es ya “año de inflexión” en la represión franquista). Poseemos datos de una
docena de prisiones, y las víctimas ya superan las 6.000. 7) Los 3.500 maquis abatidos en las sierras de
España. 8) Los más de 1.500 civiles eliminados por la Guardia Civil mediante la “ley de fugas” en el que he denominado “trienio
del terror” (1947-1949). En Córdoba cayeron así en las cunetas 160
personas, sobre todo en 1948 (cuando en la ONU se aprobaba la Declaración
Universal de los Derechos Humanos), con similar matanza en otros lugares. En
1949, cuando ocurrían los Convenios de Ginebra de agosto de 1949, Franco fusilaba
sin formación de proceso en la sierra de Sevilla y en otros lugares. En 1950,
por ejemplo, se aplicaba el “paseo” sin piedad en Nerja (Málaga, Granada,
etc.). De esta catástrofe humanitaria no se habla. Por todo ello, cuando P/P escriben
del final de “la ley marcial, el 7 de
abril de 1948” (p. 261) como el fin de la represión, cometen un gran error,
pues aquel año, el siguiente y el siguiente cayeron muchas personas en toda
España, víctimas de la “ley de fugas”. Ante tal complejidad de lo que fue la
represión franquista, resulta ridícula esta afirmación de los autores: “Al parecer, los revolucionarios
izquierdistas fueron los más avergonzados por su sed de sangre y se esforzaron
por ocultar su represión” (p. 258). ¿Y qué es esto del avergonzamiento? Habrán
utilizado la “máquina de la vergüenza”. O de la “desvergüenza”. Bobadas de
solemnidad.
Los autores levantan luego la bandera de aquella
consigna tramposa de la victoria: “Los
que no tengan las manos manchadas de sangre, nada tienen que temer”. Una
consigna desprestigiada hoy por cualquier estudioso y por quienes cayeron en la
trampa. Fue una añagaza para pillar incautos, en el interior, y para burlarse
de la mirada internacional, bajo apariencia de someterse a la Convención de
Ginebra de 1929. Peter Anderson ha aclarado sabiamente esta cuestión.[55]
La citada Convención prohibía condenar
por “rebelión” o por “delitos políticos” en guerras civiles, y sólo admitía
condenas por “delitos comunes”. Por ello, la consigna de Franco de “las manos
manchadas de sangre”, fue una tapadera para sus crímenes y para engañar a la
comunidad internacional, ya que él “sólo fusilaba a delincuentes”, no a presos políticos.
Esta falacia tuvo mucho éxito y llega a nuestros días como discurso frecuente
en el conservadurismo español, con declaraciones espectaculares.[56]
Lo realmente cierto estaba en que la gran represión no fue de tipo penal, sino
político[57] (Se
perpetró por pertenecer a partidos de izquierdas, sindicatos, Frente Popular,
Masonería, etc.).[58]
Ahí está la célebre ley de represión política contra “la Masonería y el Comunismo”, de 1-3-1940. Cuando
P/P afirman que “no había pena de muerte
para los delitos de índole política” (p. 266), incurren en una
tergiversación absoluta. Un ejemplo de la total arbitrariedad de aquella “justicia”
puede ser lo ocurrido a Antonio Varo Granados, de Pozoblanco (Córdoba),
residente en Madrid, cuando los sucesos de su pueblo en 1936, condenado a
“garrote vil” en 1940 por este “delito de sangre”: “Que la iniciación del Glorioso Alzamiento le sorprende en Madrid y
que, teniendo en sus manos los destinos del pueblo, y lejos de presentarse en
él… para impedir la comisión de atropellos y desmanes, sigue en Madrid…”.[59]
Escapó de la muerte gracias a un capitán franquista al que Varo había ocultado
en su casa de Madrid. Así era el azar del que pendía la vida de los vencidos en
los tribunales vencedores.
Tampoco es cierto que la represión se aplicara sólo “a ciertos niveles de responsabilidad de los
partidos de izquierda… ni que “los
casos se analizaban individualmente” (p. 266. Y p. 258). Aquí hay que tener
claro lo siguiente: que la represión franquista se lanzó, primero, contra el
sistema (la II República democrática) y luego contra sus élites y contra la
base socio-política que sustentaba el sistema. Y fue a los paredones gente de
todo tipo y condición: significados políticamente y no significados. No se
olvide que la represión franquista, entre otros aspectos, también era represión
de clase: contra “los descamisados en alpargatas”. El plan era: diezmar, al
menos, a las izquierdas, para que no levantaran cabeza en décadas. Así lo decía
el asesino de Sevilla, Manuel Díaz Criado: “Aquí en treinta años no hay quien
se mueva”.[60] La
“rentabilidad” de una buena matanza ya la exaltó José Calvo Sotelo en las Cortes:
“Los 40.000 fusilamientos de la Comuna
aseguraron sesenta años de paz social”.[61]
Así queda de manifiesto que se trataba de un objetivo represivo político, no
penal.
No es cierto que “los
casos se analizaban individualmente” (p. 266), cuando, hasta mediados de
1940, los consejos de guerra eran colectivos. En Madrid, por ejemplo, llevaban
a los presos a juicio en camiones, a Las Salesas, lugar de las vistas. En una
hora no daba tiempo ni a leer la lista de los acusados. Los abogados ni los
conocían. Se limitaban a pedir “clemencia” al tribunal. Colectivo fue el
rapidísimo consejo de guerra contra “Las 13 Rosas”, a primeros de agosto de
1939, en Madrid. Por cierto, no tenían “manchas de sangre”, sino que eran simples
militantes de las JSU. Juicio político, por tanto. Un ejemplo de perfecta
reconstrucción de un consejo de guerra, colectivo por supuesto, puede verse en
la película La voz dormida (Benito
Zambrano, 2011).
Insistimos en la falacia de los fusilados “por
delitos de sangre”. Sabemos que a comienzos de 1938, los presos republicanos en
manos de Franco eran 106.822, que la Inspección de Campos de Concentración y
Prisioneros clasificaba en cuatro grupos: A (indiferentes o afectos), B
(dudosos), C (desafectos) y D (posibles autores de delitos). Pues bien, en
cuanto a los últimos, el porcentaje es el 2’13 %.[62]
Entre la multitud de presos de Franco, poco más del dos por ciento podría ser
acusado de las “manos manchadas de sangre” o de algún otro exceso. Los
“manchados” eran pocos; los políticos, la gran mayoría.
2) Tampoco cabe estudiar la represión franquista sin
prestar atención a otra cuestión crucial y terrible: la práctica sistemática de la
tortura, de lo que no muchos hablan, pero la sufrieron todos los presos sin
escapatoria en la incoación de los sumarios; fue una tortura generalizada y
brutal, de modo que no pocos se quedaron en las manos de los torturadores. En
esta cuestión son fundamentales los testimonios orales y una docena de libros
de memorias de gran valor, surgidos en la actual andadura democrática. La
tortura fue “un principio fundamental” del franquismo, como de toda dictadura o
tiranía. Junto a la tortura, la humillación
de las mujeres, mediante el rapado
y la ingesta de aceite de ricino y la
exposición a la rechifla pública. 3) Hay que anotar también la onda expansiva del terror, según la
cual las continuas sacas aterrorizaban no sólo a los compañeros y a toda la
prisión, sino que el terror saltaba a la calle (familiares, vecinos, etc.). El
franquismo sabía que el fusilamiento de una persona, no sólo propagaba el
terror en el interior de las prisiones, sino también en el exterior, en la vida
cotidiana de los pueblos.
4) Desde las prisiones se organizó también el trabajo esclavo, en batallones de
trabajadores que salían a la calle, lo cual fue creado ya en guerra, pero con
muchas modalidades en la posguerra (Batallones Disciplinarios de Soldados
Trabajadores, Colonias Penitenciarias Militarizadas, Destacamentos Penales,
etc.).[63]
Todos ellos sufrieron un régimen interno severísimo, con una considerable
mortandad. No es cierta en modo alguno esta afirmación de P/P: “En comparación, los campos de concentración
republicanos durante la Guerra Civil impusieron trabajos forzados mucho más
severos” (p. 266). Esto es una boutade
de lesa inteligencia. En cuanto a campos republicanos, en el Centro-Sur el
principal “Campo de Trabajo” (se llamaban así) era el de Totana (Murcia), por
una Orden del Ministerio de Justicia (Juan García Oliver) de 28-12-1936. Se
ubicó en el antiguo convento de los Capuchinos y terrenos colindantes. Otra
Orden de 11-1-1937 creó el Cuerpo de Vigilantes de Campos de Trabajo (algo
impensable en la zona de Franco, donde los campos eran vigilados por
falangistas, militares y porristas). En el articulado de la Orden republicana se
puede leer: “(Art. 8) Todo funcionario
está obligado a poner en conocimiento de su superior el hecho de existir
cualquier internado que aparezca hallarse enfermo…o requiera especial cuidado,
siendo deber del Director poner estos casos sin demora en conocimiento del
Médico”. Y en el Art. 9 se dice: “Los
funcionarios, en su trato con los internados, no usarán de la fuerza
innecesariamente”. Y más adelante: “Al
internado que durante el día haya trabajado con regularidad, observando buen
comportamiento, se le concederá, en concepto de bono, un plus de 50 céntimos”.
Los internos de Totana fueron algo más de un millar (la Orden prohibía que
llegaran a dos mil, ni mayores de 60 años). Estas circunstancias marcan un
abismo diferencial con relación al trabajo esclavo de Franco.
Además, el número de campos de Franco superó los 100
mientras que en la República no superaron la decena.[64]
En cuanto a los Campos de Trabajo republicanos, hemos nombrado Totana. Hubo más
en Cataluña, bajo la dirección del SIM: unos 6 (Tivissa, Concabella, Omells de
Na Gaia, etc.). Ocurrieron algunos muertos por “ley de fugas”.[65]
De todas formas, resulta improcedente totalmente pretender establecer un
parangón entre campos franquistas y republicanos.
5) A continuación, el círculo carcelario fue el
invernadero perfecto para la represión
ideológica, en manos de los capellanes sobre todo, para imponer por la
fuerza la ideología de los vencedores en la mente de los vencidos, cosa que se
extendía también a las familias, cuando se obligaba al matrimonio canónico,
para poder visitar al marido preso, o el bautismo obligatorio de los hijos para
ingresar en colegios o poder visitar al padre preso, entre otras muchas formas
de presionar la mente de los vencidos, buscando el exterminio de sus principios
republicanos, laicos o de clase. Raphael Lemkin, además de la matanza masiva,
puso en este aspecto la esencia de su concepto de genocidio: arrancar el
pensamiento de los vencidos e imponerles la ideología (nacional-catolicismo) de
los vencedores.[66]
6) Otro proyecto represivo de largo alcance fue la destrucción de las familias republicanas
mediante el fusilamiento de los padres, la prisión de las madres, el desamparo
de los hijos en orfelinatos y el plan organizado para que la ideología de los
padres no se transmitiera a los hijos. Miles de familias fueron dispersadas,
asesinados parte de sus miembros, o divididas por el exilio, la huida al monte
o las desapariciones.
7) Otra lacra de gran envergadura fue el robo y desaparición de niños. Una vez
desestructuradas las familias, los niños errantes, en centros religiosos o bien
arrancados de sus madres presas, fueron pasto de las adopciones irregulares. La
cifra aproximada de niños robados por el
franquismo pudo ascender a 30.960,[67]
evaluada así por, entre otros, varios organismos de la ONU. La Circular 2/2012
de la Fiscalía General del Estado se hizo eco de la cuestión del “robo de
niños”, considerándolos delito permanente, no prescriptible. Otro cuadro
dantesco en el haber del dictador: las penalidades de los niños de la
posguerra, entre las cárceles, la orfandad, las desapariciones y el hambre fue
algo inenarrable.[68]
3.2 La gran mortandad en las prisiones de Franco
Como octavo elemento de la multi-represión en el
círculo carcelario aparece un cuasi experimento
de exterminio, mediante hambre y privaciones, llegándose a la gran mortandad de 1941 dentro de las
prisiones (curiosamente, también coincidente con la gran mortandad en los
campos nazis en el mismo año), una catástrofe de hambre que se dio en todas las
prisiones de España, a consecuencia de una dieta hipocalórica suministrada por
la Dirección General de Prisiones (caldo de nabos podridos y similares), con lo
que Franco llevó a la muerte, aproximadamente, a cerca de un 15 % de la población penal. Se
dio el caso de capitales de provincia que sufrieron en la posguerra más muertos
dentro de la prisión que en los paredones. En Córdoba capital, posguerra, 584
fusilados, más 756 en la prisión provincial (de 3.500 reclusos), la mayoría de
los muertos, en 1941 (502).[69]
Obsesionados por la polémica del número de fusilamientos, se han olvidado
los estragos causados por el hambre, por una negligencia programada,
ciertamente. Sólo unas palabras de pasada dedican los citados autores al
exterminio carcelario, en una frase torpe gramaticalmente: “… Franco no dejó que muchos prisioneros izquierdistas murieran de
hambre o enfermedad (en las prisiones).” (p. 268). “No dejó que muchos…”.
Entonces, ¿cuántos fueron? ¿muchos? ¿pocos?... Los autores no saben entrar en
esta cuestión. Ignoran cifras, a pesar de que ya se han publicado datos, con
los que se podía haber contrastado la “magnanimidad del Caudillo” ante la gran mortandad de 1941 en las cárceles
de Franco. Pero antes de sustanciar este cuasi “Auschwitz español” (repito lo de
mutatis mutandis), anotemos otra referencia de P/P a las prisiones del régimen,
incurriendo en un error de bulto: “A
finales de 1941, la mayoría de las prisiones estaban cerradas…” (p. 267).
No es cierto en modo alguno, por más que en la nota 30 aluden a los Documento inéditos para la historia del
Generalísimo Franco, en un informe dirigido al dictador, con fecha 7-6-1943,
nada fiable, con un gran tufo “blanqueador” o de auto-beatificación.
Lo que se cerró a finales del verano de 1940 fueron
las prisiones de los pueblos. Entre finales de septiembre de ese año y
comienzos de octubre, grandes comitivas de presos llenaron las vías de España,
camino de las prisiones provinciales (algunas ya estaban repletas: Puerto de
Santa María, Burgos, San Miguel de los Reyes, etc.). Terminaba así el primer
año y medio de la victoria, el más terrible para los presos, porque los
molieron a palos en sus pueblos de origen, en prisiones habilitadas e insalubres.
Franco ideó un retorcido plan para la venganza exhaustiva en esta primera fase
de la represión (1939-1940), enviando a sus propios pueblos a los vencidos,
allí donde todos, vencedores y vencidos, se conocían perfectamente y las
represalias estaban garantizadas. Así se consumó una lenta purga, hasta finales
del verano de 1940. Estas fueron las prisiones que se cerraron, y no todas.
Algunas prisiones seguían siendo locales y no
provinciales: Almendralejo, Chinchilla, Cuéllar, San Simón, Fuerte de San Cristóbal,
etc. La primera causa de la gran
mortandad de 1941 fue el hacinamiento descomunal, para el que, por
supuesto, no existía en modo alguno en España la infraestructura mínima y
elemental. La gran desmesura de Franco fue pretender el apresamiento masivo de
todo el Ejército perdedor (medio millón) y de centenares de miles de civiles.
Esta hipérbole sólo se le podía ocurrir a una mentalidad cuartelera,
africanista, y de torpe cabeza estudiantil, como fue el caso de Franco. En
segundo lugar, después del hacinamiento llegó el hambre, en sentido literal.
Franco la utilizó como instrumento represivo. No cabe duda de que, después de
la oleada de fusilamientos, se dejó que las cárceles y el hambre hicieran el
resto.
Es evidente que la dictadura descuidó por completo
el presupuesto alimentario de los encarcelados. Durante el primer año y medio,
cuando la fase de prisiones locales, fueron los familiares los que alimentaron
a sus presos, a pesar de la indigencia general. Es conocida la estampa diaria
de las familias haciendo cola ante las prisiones locales. Pero esto se acabó
cuando fueron trasladados a las prisiones provinciales a finales del verano de
1940. La subsistencia ya sólo dependía del “rancho” oficial, los célebres
caldos de berzas forrajeras, los nabos podridos, las remolachas, zanahorias
negras (“caldo nazareno”), sin grasa ni carne. Así, por todas las prisiones de
España. Se trataba de la dieta
hipocalórica (800 calorías, siendo 1.200 el límite de supervivencia), de
efectos letales, que las autoridades no ignoraban. Al estado general de
debilidad y avitaminosis, y sin atención médica, se añadieron las lógicas
epidemias (tifus exantemático, tuberculosis, etc.).
De esta manera, en 1941 los presos empezaron a caer
a montones: 756 en la provincial de Córdoba; Sevilla, 786; en el pueblo de
Almendralejo, 144; en San Simón (Pontevedra), 666; en Oviedo, 251; en Gernika,
265; en San Cristóbal (Navarra), 328; en la prisión de Huelva, 193 (1941-1942),
Valencia, 813; Toledo, 680…[70]
Poco más de una docena de prisiones se han estudiado en este sentido y ya
existe un balance de más de 6.000 presos muertos de hambre. Por otra parte,
sabemos que Franco organizó un campo de concentración de 300 mendigos en La
Algaba (Sevilla) y murieron de hambre 144.[71]
En la isla de Formentera funcionaba un campo de trabajo, adonde llevaron 114
extremeños de Badajoz: perecieron de hambre 58.[72]
Los datos son incontestables, éstos y otros muchos.
La clave sobre la prisión de Córdoba me la aportó el
abogado Francisco Poyatos, en los primeros años ochenta. Varios directivos de
la prisión fueron procesados por intrigas entre ellos. Poyatos defendió al
suministrador, basando la exculpación en el siguiente dato: la ración aprobada
por la Dirección General de Prisiones no llegaba a las ochocientas calorías.
Argumentó que los centenares de muertos en la prisión no habían ocurrido por la
disminución fraudulenta de las raciones, sino porque la Dirección General de
Prisiones, con imprevisión temeraria, aprobó unas raciones insuficientes.[73]
En 1983 me aportó un extenso testimonio el ex médico de la prisión de Córdoba Joaquín
Sama Naharro (También preso).[74]
Los autores gallegos Amoedo/Gil han revelado un dato
escalofriante para los que decidan conocer realmente lo que fue la dictadura de
Franco. En la prisión de San Simón (Pontevedra), de 2.176 presos, perecieron de
hambre y privaciones 666.[75]
Es decir, un 30’6 %. Escriben los citados autores: “… Hubo en aquel régimen cárceles y campos de concentración en los que
los presos morían como moscas. San Simón… es un caso flagrante que nos hace
reflexionar en que la eliminación de los presos estuvo planificada, creando las
condiciones precisas, para que los hombres enfermasen o muriesen…” (cit.,
p. 70. La traducción del gallego es mía).
El historiador Eutimio Martín García coincide en
nuestra línea de investigación. Escribe: “Sobrevivir
en las cárceles franquistas dependía de la posibilidad o no de recibir
alimentos del exterior. Oficialmente, la Dirección General de Seguridad no
exigía una ración diaria superior a las 800 calorías.”[76]
Por tanto, queda evidente que el franquismo buscó una segunda represión, además
de los paredones, en la utilización del hambre y de la dieta hipocalórica en las cárceles. Se consiguió plenamente en
1941, en toda España. En su táctica habitual, los autores P/P han soslayado en
absoluto la cuestión terrible de las cárceles franquistas. Los autores han puesto
mucho cuidado en no meterse en la “otra España”, la de los vencidos, para no ofrecer
el contraste obligatorio.
3.3 El vector
nazi en la represión de Franco
En el discurso tan marcado ideológicamente que
aparece en la biografía que nos ocupa se obvia, por supuesto, señalar cualquier
mínima similitud de la represión franquista con el nazismo. Ya sabemos que la
perfección nazi en el exterminio es inigualable. Pero, mutatis mutandis (cambiadas las cosas que hay que cambiar), Franco también supo diseñar en sus
dominios lo que puede denominarse el “exterminio suficiente”, es decir, “su
Auschwitz” particular, artesanal si se quiere, pero de gran eficacia. En
materia de represión, los franquistas miraron siempre mucho más a los nazis que
a los fascistas italianos (más blandos en este tema). No se puede olvidar “el
vector nazi” en el Gobierno de Burgos, a decir de Ángel Viñas.[77]
Éste sostiene que hubo cierto mimetismo en algunos métodos, acuerdos y
protocolos, que dejaban abierta la puerta a cualquier tipo de actuación. Igual
que en las prisiones franquistas, los oficiales de las SS gestionaban los
almacenes y las cocinas de los presos, sisaban de todo, dejando raciones
insuficientes para los presos. Muy parecido, por ejemplo, a Córdoba, era el
suministro en Auschwitz: nabos, patatas, cebada (como a las bestias), etc. Sin
duda, existen conexiones nazis en la represión franquista.
La primera
conexión: el apresamiento masivo y el mundo concentracionario. La segunda: el hambre y la dieta
hipocalórica, con un desinterés absoluto en la vida de los presos. La tercera: la coincidencia de la gran
mortandad de 1941 en las cárceles franquistas con el mismo año en la gran
mortandad en los campos nazis. La cuarta:
fue idéntico el método de traslado de prisioneros, cerrados varios días en
vagones de mercancías o ganado, sin alimento ni higiene. La quinta: la utilización del clima como
extermino, que se dio con profusión; los presos del Sur los llevaron a las
prisiones del Norte, donde el frío y las calamidades hicieron más que los
paredones (Burgos, Palencia, Son Simón, Santoña, San Cristóbal, etc.). La sexta: una incipiente forma de selección
de grupos humanos; los sexagenarios fueron llevados a la Isla de San Simón
(Pontevedra), a disfrutar de los fríos vendavales del Atlántico. Pereció el
30%, que se dice pronto. Como ya se ha señalado, se creó un campo para
indigentes en La Algaba (Sevilla). Perecieron el 50% de los 300 internados,
literalmente de hambre. La séptima:
inasistencia sanitaria. Como en los campos nazis, los médicos eran los propios
médicos presos. La octava: la
utilización del trabajo esclavo de manera masiva. La novena: la deshumanización y cosificación extremas de los presos,
aunque no se llegara a los excesos del nazismo, cuyos niveles no tienen
parangón posible.
3.4. Más
flechas en el haz de represiones
Como punto noveno de la multi-represión, desde el
círculo carcelario se organizó también la gran campaña de represión económica, mediante la aplicación de la Ley de
Responsabilidades Políticas (9-2-1939), a partir de un extracto de la sentencia
condenatoria, más los informes de la Guardia Civil local, Alcalde-jefe local de
Falange y cura párroco. Fue la última fase del destrozo económico de los
vencidos, que ya habían sufrido los Expedientes de Incautación de Bienes
durante la guerra y lo que fue mucho peor: el expolio directo de muebles,
fincas rústicas y urbanas, negocios, tanto en guerra como en posguerra. Este
expolio directo –robo- fue el más ruinoso de todos y se practicó a mansalva por
los franquistas, al comienzo de la guerra y al comienzo de la posguerra.[78]
El gran expolio no “fue una concesión a
las unidades marroquíes”, como afirman P/P (p. 171), dejándose llevar del
tópico exculpatorio habitual. Es cierto que a los marroquíes les permitían
hacerse con la calderilla del expolio (por ejemplo, las máquinas de coser que
vendían luego un mercadillo en la plaza de toros vieja de Córdoba), pero el
expolio de muchas fincas rústicas y urbanas, huertas, cosechas de trigo y de
vino, comercios y negocios, de los que hicieron acopio las “buenas familias”,
falangistas, carlistas, militares y avispados del momento, eso fue un
cataclismo para los vencidos. El gran trasvase de la propiedad de los vencidos
a favor de los vencedores, en guerra y posguerra, sería tema de gran atractivo
para muchos estudios.
Ni los propios franquistas cumplieron su
omnipresente Código de Justicia Militar (1890), entonces vigente, que en su
Artículo 233 tipifica así: “Serán castigados con la pena de cadena perpetua a
muerte, previa degradación, los militares que, prescindiendo de la obediencia a
sus jefes, incendien o destruyan edificios u otras propiedades, saqueen a los
habitantes de los pueblos o caseríos, o comentan actos de violencia en las
personas. A los promovedores y al de mayor empleo les será impuesta siempre la
pena de muerte”. Pero a ninguno se castigó por el expolio más grande jamás
contado.
La pendiente de la represión económica contra los
vencidos nos lleva también por otros derroteros terribles que los autores
eluden: la exclusión laboral y las depuraciones, por ejemplo. En 1939,
Franco desató la eclosión final de la depuración de los desafectos bajo el
concepto de que el trabajo pertenecía a los vencedores. La vida laboral como
botín de guerra. La Ley de Responsabilidades Políticas ya establecía las bases
para la depuración de los empleados públicos. Siguió la depuración de los
periodistas (24-5-1939). La ley de 25-8-1939 declaró restringidas todas las oposiciones y concursos a favor de los
vencedores. Luego llegó la depuración de los médicos (6-10-1939). La gran
depuración del personal docente venía
de antes, cuyas Comisiones Depuradoras databan ya del 11-11-1936 (Decreto 66 de
la Junta Técnica del Estado). El 25 % del Magisterio español fue depurado (aparte
de los muchos que fueron fusilados). Morente Valero ha visto grandes
similitudes entre la escuela fascista italiana y la escuela franquista.[79]
No sólo fueron las depuraciones. Se hizo imposible la supervivencia económica de
los vencidos (uno de los tipos de genocidio que establece Raphael Lemkin[80])
acosados, además, por el racionamiento y
el estraperlo. Una orden ministerial
de 14-5-1939 estableció la Cartilla de
Racionamiento (conservo la mía infantil, de 1948), para productos básicos y
precios tasados. Con estas cartillas, la gente humilde pasaba hambre.[81]
Surgió enseguida el llamado estraperlo
o mercado negro, un nuevo castigo para la gente humilde, con precios
prohibitivos.
Por último, como punto décimo de la multi-represión,
relacionado también con las cárceles, estaba el control de las familias a través del Servicio de Libertad Vigilada.
Se creó por un decreto de 22-5-1943, como un nuevo mecanismo de control por el
Estado sobre los libertos y sus familias. No se trataba en modo alguno de
medidas de inserción social ni nada parecido sino de vigilancia y acoso puro y
duro contra los “rojos”, a los que había
que vigilar sus pasos, lo cual se visualizaba muy bien en los pueblos, cuando
al atardecer tenían que acudir todos los ex presos al cuartel de la Guardia
Civil a “pasar lista” y cantar el “Cara al sol”. No podían ausentarse del pueblo o aceptar
trabajos fuera del mismo sin permiso. Peor aún era cuando la libertad
conllevaba destierro (el 25% de libertos).[82]
4. Epílogo
Llegados a este punto se impone una reflexión ante
la publicación de la pretendida biografía “objetiva” de Franco, personal y
política, que contiene un insólito acopio de errores, omisiones y
tergiversaciones. Llama la atención, sobre todo, la falta de atención a los
importantes estudios de investigación realizados en España en los últimos
veinte años y el pábulo que dan únicamente a un par de autores muy tangenciales,
con el único marchamo de una posición
ideológica extremadamente marcada, que por supuesto impregna de principio a
fin la obra biográfica que nos ocupa. Los
autores llenan su libro de anotaciones exculpatorias o visiones edulcoradas del
dictador, como ésta: “Aunque, sin duda
alguna, la represión fue muy dura, se pareció a las que tuvieron lugar en otras
guerras civiles revolucionarias de Europa durante esa época” (p. 268). Esto
es claramente impertinente, sin concretar de qué guerras civiles
“revolucionarias” estamos hablando.[83]
En el fondo del discurso historiográfico
de P/P alienta una falacia: la culpable de todo fue la República, y su
“perversidad” justificó el “Glorioso Movimiento”. Lamentablemente, no tienen en
cuenta la obra de Sánchez Soler,[84]
que ofrece fundamentos comparativos entre la primavera de 1936 y, por ejemplo,
la “modélica” Transición, cuando la conflictividad fue muy superior a la
“mítica primavera” de 1936. Tampoco citan obras anti-míticas, realistas y fidedignas
de la España pre-bélica, como el ya clásico Claude G. Bowers,[85]
embajador norteamericano, así como el escocés Sir Peter Chalmers-Mitchel.[86]
Con estos contrastes, la conclusión hubiera escapado a lo tendencioso.
La obra de P/P es un ejercicio mítico en pleno siglo XXI. La
primera sensación que surge es la de un tono, talante y estilo profundamente
viejos y caducos, como si la obra se hubiera escrito en 1975. En segundo lugar,
reproduce la visión amable que mantiene el conservadurismo español desde medio
siglo, y ese discurso al que los autores son miméticos es el discurso que las
derechas de hoy quieren oír. En tercer lugar, los autores no se libran de un
visible discurso laudatorio, aunque lo intenten velar con algunos débiles
contrastes. Para ellos y para su público Franco es “… el general político más importante de la historia de España” (p.
625). “La figura más importante de España
desde los tiempos de Felipe II” (p. 623). Visiones erráticas se pueden
explicar cuando sabemos que Jesús Palacios procede del CEDADE, una organización
ultraderechista del posfranquismo.[87]
Se comprende así la evidente tendencia del texto. Afirman que el Caudillo “… dirigió la transformación cultural… de su
país” (p. 623). No fue así. La cultura, arrasada, se desarrolló en contra
de Franco, no a su favor. Añaden: “Tras
su muerte dejó una sociedad más feliz, próspera, potente y moderna que aquella
de la que se hizo cargo” (p. 625). Es falso. En 1975, Franco dejó España muy
por debajo de la media europea del entorno en todos los indicadores económicos
y además fuera de los organismos decisorios europeos, fruto del aislamiento de
la dictadura. Lo que dejó Franco al morir en la cama fue una España dividida,
sin un proyecto de integración de “todos los españoles”, frase que se hizo
recurrente en la Transición: reinar o gobernar para “todos los españoles”, cosa
que no había ocurrido con Franco.
Franco permitió la existencia de
españoles de primera y españoles de segunda, sumidos en la gran hambruna de los
años cuarenta. Mantuvo una férrea censura y silencio, para que las generaciones
nuevas no conociesen el pasado de terror, de manera que la sociedad de hoy
apenas acierta a valorar ni el verdadero perfil del dictador ni su actuación
sanguinaria. No fue admirable, no, la España que dejó, después de graves
violaciones de los derechos humanos, cometidas en el contexto de una guerra y
en una larga dictadura, en un proceso de desintegración nacional que nunca
remedió, porque nunca gobernó “para todos”. Cuando acabaron sus días, lo que se
buscó en la Transición fue lo que no había: la reconstrucción nacional, la
integración de los excluidos, la legalización de los ilegalizados y la
democracia perdida en 1939.[88]
La
proclama de “objetividad” formulada por P/P es falsa, ya que la obra, carece de
novedades (a no ser las conversaciones con Carmencita), cuando la verdad sobre
Franco hay que buscarla, por ejemplo, en los papeles del “Cuartel General del
Generalísimo”, AGM de Ávila; en los Archivos Militares Territoriales, y demás
posibilidades de investigación.
[1] Nada menos que tres organismos de la
ONU se ocuparon de España entre 2013-2014, sobre la cuestión de los
“desaparecidos” y la creación de una Comisión de la Verdad. En la última semana
de septiembre de 2013 visitó España el Grupo
de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas. Un mes después, en su
5º período de sesiones (4/15-11-2013), el Comité
de la ONU sobre Desapariciones Forzadas estudió el caso español (el informe
definitivo se ha publicado el 2 de julio de 2014). Por último, el 3-2-2014, el Relator Especial de la ONU para la Promoción
de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo
de Greiff, dio a conocer su Informe Provisional (el definitivo, el 22-7-2014).
[2] Rueda de prensa de los autores
Payne-Palacios, en Madrid, el 1 de diciembre de 2014, recogida por la Agencia
Efe, y difundida en varios medios.
[3] Sobre el final agónico de la
República han escrito últimamente, entre otros, Ángel Bahamonde Magro y Javier
Cervera Gil, Así terminó la guerra de
España, Marcial Pons, Madrid, 1999; Ángel Viñas y Fernando Hernández
Sánchez, El desplome de la República, Crítica,
Barcelona, 2009; Francisco Moreno Gómez, Trincheras
de la República, El Páramo, Córdoba, 2013; Ángel Bahamonde Magro, Madrid 1939. La conjura del coronel Casado, Cátedra,
Madrid, 2014; Paul Preston, El final de
la guerra. La última puñalada a la República, Debate, Barcelona, 2014;
Francisco Alia Miranda, La agonía de la
República. El final de la guerra civil española (1938-1939), Crítica,
Barcelona, 2015.
[4] Miguel A. Rodríguez Arias, entrevista
en www.nuevatribuna.es, 20 febrero
2010. Existe otra cita en Francisco Espinosa, Hispania Nova, 2010, p. 62, que los autores Payne-Palacios no
tienen en cuenta.
[5] Paul Preston, conferencia “Franco, el
gran manipulador”, jornadas sobre Memoria Histórica, en Lucena (Córdoba), 16 de febrero de 2008.
[6] Una visión acertada de “la limpieza”
practicada por el franquismo aparece en el documental de Martin Jönsson y
Hjorthén Pontus, El final del silencio.
Mari Carmen España, producción sueca (Andreas Jonsson y Robert Danielsson),
2007-2008.
[7] Esta idea la desarrolló el ex juez Baltasar
Garzón en la Universidad de Sevilla el 13 de enero de 2014, en un coloquio con
el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, donde Garzón, entre otras
consideraciones, dijo: “… En España, basta con tocar el tema de la guerra civil
para que salten ampollas… ¿Dónde está la reconciliación? Si cuestionas que se
tiene que abrir una fosa, se te caen encima todas las estructuras…”.
[8] Posiblemente continuaba vigente el
decreto de 11 de mayo de 1931 que acabó con la capacidad jurídica de los
capitanes generales, recayendo esta responsabilidad en los Auditores. Con la
misma fecha se creó la Sala VI del Tribunal Supremo.
[9] Es una referencia archiconocida. Véase, por ejemplo, en
Mariano Sánchez Soler, Los Franco, S. A.,
Leer-e, Pamplona, 2010 (Libros en Google Play): “Terminada la comida, en el
momento del café, alguien aparece. Se trata de Lorenzo Martínez Fuset, teniente
coronel y asesor jurídico de su Estado Mayor… Trae una carpeta llena de
papeles, que deposita ante Franco. El Generalísimo, sin mirarlos siquiera, va
firmando los papeles uno tras otro, sin dejar de hablar. Una vez terminadas las
firmas, Fuset recoge su carpeta… y desaparece… Termina de tomar su café, pero
ante la mirada interrogativa de su invitado, comenta: Nada de importancia. Eran
sólo las sentencias de muerte de hoy (Nota 18)”.
[10] El Sumarísimo de Urgencia contra Francisco
Jiménez Pozo acabó con pena de muerte en la mesa del Auditor de Sevilla, y
después en la mesa de Capitanía General de esta manera: “Capitanía General de
la Segunda Región.- 5ª Sección de E. M. (Justicia).- Sevilla, 5 de enero de
1945.- De conformidad con el anterior dictamen de mi Auditor, apruebo la
sentencia dictada contra el procesado Francisco Jiménez Pozo, en la que se le
condena a la pena de muerte como autor de un delito consumado de robo a mano
armada, del artículo 53 de la Ley de Seguridad del Estado, dejando en suspenso
la ejecución de la misma, hasta tanto que por la Superioridad se resuelva
respecto a su ejecución o conmutación, en cumplimiento de lo dispuesto en la
orden comunicada de 29 de diciembre de 1943.- El Capitán General de la Región.”
[11] El “enterado” llegó de la siguiente
manera: “Ministerio del Ejército.- Asesoría Jurídica.- Ignacio Cuervo-Arango y
González Carbajal, Auditor de División, Jefe de la Asesoría Jurídica del Mº del
Ejército, CERTIFICO: Que el Gobierno, al que ha sido notificada la parte
dispositiva de la sentencia que pronunció el Consejo de Guerra, celebrado en
Jaén, para ver y fallar el procedimiento 346, seguido contra Francisco Jiménez
Pozo (a) El Churro, se da por ENTERADO de la pena impuesta. Y para que conste,
a sus efectos, expido el presente en Madrid, a seis de febrero de mil
novecientos cuarenta y cinco”.
[12] Código de Justicia Militar, Gaceta de Madrid, núm. 279, 6 de octubre
de 1890.
[13] Esta teoría de que la represión se
esfuma cuando Franco llega a Generalísimo procede de Julius Ruiz, teoría
simplista y falsa que viene difundiendo por diversos medios en sus visitas a
España desde Edimburgo. Estas y otras teorías curiosas las expuso en una
entrevista en Periodista Digital, el
18 de enero de 2012.
[14] Ian Gibson, Federico García Lorca. De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936), Grijalbo,
Barcelona, 1987, II, p. 476.
[15] José Luis Cervero, Los rojos de la Guardia Civil, La Esfera
de los Libros, Madrid, 2006.
[16] Sobre este trágico episodio existe
bibliografía: Jesús Majada y Fernando Bueno, Carretera Málaga-Almería (Febrero de 1937), Caligrama, Málaga,
2006. Lucía Prieto Borrego y Encarnación Barranquero, Población y guerra civil en Málaga. Caída, éxodo y refugio. Diputación,
Málaga, 2007. Y por supuesto, Henry Norman Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería, Caligrama, Málaga, 2007.
[17] Extracto subido a Google por la CAUM,
bajo el título El crimen de la carretera
de Málaga-Almería, procedente de la obra de Norman Bethune, El crimen de la carretera Málaga-Almería, Publicaciones
Iberia, Madrid, 1937. Otra edición en Caligrama, Málaga, 2007.
[18] Francisco Moreno Gómez, La victoria sangrienta, Madrid, Alpuerto,
2014, p. 207 y ss. Se ofrece amplio detalle de la ola de “paseos”, durante
abril y mayo de 1939.
[19] Juan A. Alejandre, “La justicia penal
durante la guerra civil”, Historia 16, fasc.
14 de la serie “La Guerra Civil”, 1986.
[20] Eusebio González Padilla, “La
justicia militar en el primer franquismo”, en la red, dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2241005.pdf.
Consultado 20-2-2015.
[21] Orden-Circular sobre la creación de
las Comisiones Provinciales del Examen de Penas, de 25 de enero de 1940.
[22] Juan José del Águila, “La
jurisdicción militar de la guerra en la represión política: Las Comisiones
Provinciales (CPEP) y Central de Examen de Penas (CCEP), 1940-1947”,
Comunicación en el IX Congreso de Historia Contemporánea, Murcia, 17-20
septiembre 2008. Pablo Gil Vico, La noche
de los generales, Barcelona, 2004. Ángeles Egido, El perdón de Franco, Madrid, 2009. Ángeles Egido y Matilde Eiroa,
“Los confusos caminos del perdón: de la pena de muerte a la conmutación”, en
Julio Aróstegui (Coord.), Franco: la represión
como sistema, Flor del Viento, Madrid, 2012.
[23] Juan Antonio Pérez Mateos, Los confinados: Relato vivo de los
desterrados, Plaza y Janés, Barcelona, 1976.
[24] Mirta Núñez Díaz-Balart, La gran represión. Los años de plomo del
franquismo, Flor del Viento, Madrid, 2009, p. 207.
[25] Periódico Redención, de 14 de agosto de 1943.
[26] Ibidem,
28 de junio de 1941.
[27] Ibidem,
16 de enero de 1943.
[28] Domingo Rodríguez Teijeiro,
“Excarcelación, libertad condicional e instrumentos de control poscarcelario en
la inmediata posguerra (1939-1945), Universidad de Vigo, trabajo disponible en
la red: http://www.researchgate.net/publication/262934225.
Consultado 20-3-2014.
[29] José Manuel Sabín Rodríguez, Prisión y muerte en la España de posguerra, Anaya-Mario
Muchnik, Madrid, 1996, pp. 212-213.
[30]
Parece desatarse ahora una
oleada de “blanqueadores” de la figura del dictador, como nueva fase del
llamado “revisionismo”, todos con “objetividad”. Véase el periodista Joaquín
Bardavío, El reino de Franco. Biografía
de un hombre y su época, Ediciones B, Barcelona, 2015.
[31] Francisco Moreno Gómez, “Franco,
timonel de la represión”, conferencia
impartida en la Facultad de Filosofía y Letras, Córdoba, 29 de octubre de 2014,
inédita, donde se plantearon tres temas: la aplicación de la “ley de fugas” en
Badajoz-Córdoba, abril y mayo de 1939; cómo estas ejecuciones sumarias fueron
obra del SIPM. Finalmente se concretaron las “conexiones nazis” de la gran
represión española.
[32] Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta de la guerra civil. Los
servicios secretos de Franco, Crítica, Barcelona, 2006, p. 48. Y Fernando
Barrero, “Misión urgente del SIPM”, p. 6, en pág. virtual www.todoslosnombres.org. Consultado
17-1-2015.
[33]
Heiberg / Ros, citado, p. 260.
[34] Archivo General Militar de Ávila
(AGMAV), DN, “Información. Instrucciones generales. Instrucción nº 4, del día
10 (de abril). Campos de concentración de prisioneros. Abril 1939. A. 23, L. 1,
C. 34, D. 1, o C. 1.501, Cp. 34. (Fernando Barrero, “Historia y tragedia de la
109 BM en el Campo de Zaldívar” (Badajoz), p. 27, www.todoslosnombres.org). Consultado
18-1-2015.
[35] AGMAV, DN, “Información.
Instrucciones sobre prisioneros y presentados, y sobre recogida de
documentación enemiga, de fecha 29, y para Comandantes Militares, de fecha 30.
Marzo de 1939”. A. 23, L. 1, C. 30 (Fernando Barrero, “Historia y tragedia…”,
p. 27. www.todoslosnombres.org).
Consultado 18-1-2015.
[36] AGMAV, DN, Agrupación de Divisiones
Tajo-Guadiana. Información. Instrucciones generales. Instrucción nº 4, del día
10 (de abril). Campos de concentración de prisioneros. Abril 1939”. A. 23, L.
1, C. 34, D. 1, o C 1.501, Cp. 34, D. 4 (Fernando Barrero, “Historia y
tragedia…”, p. 35. www.todoslosnombres.org).
Consultado 18-1-2015.
[37] AGMAV, DN, “Ejército del Centro.
Instrucción nº 3. Instrucciones para los Oficiales interrogadores. Sin
fecha”. A. 16, L. 25, C. 17, D. 1, nº
43, o C. 1194, Cp. 17, D. 1/53 (Fernando Barrero, “Historia y tragedia…”, p.
43. www.todoslosnombres.org).
Consultado 18-1-2015.
[38] Documentos de la Causa General, Archivo Histórico Nacional, de Madrid (Legajos 1.053
y 1054, correspondientes a Badajoz).
[39] Fernando Barrero Arzac, “Misión
urgente del SIPM”, p. 8, en www.todoslosnombres.org.
Consultado 17-1-2015.
[40] Michel Lieberich, “El món
concentracionari europeu”, en Congreso.
Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la
guerra civil y el franquismo, Crítica, Barcelona, 2003, p. 7.
[41] Michel Ricards, Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en
la España de Franco, 1936-1945, Crítica, Barcelona, 1999, p. 30.
[42] Renzo
Stroscio, “Hacia una tipología de los campos de concentración y exterminio
nacionalsocialistas”, Congreso…, citado,
p. 77 y ss.
[43] Han escrito fundadamente sobre el
tema Pedro Pascual, “Campos de concentración en España”, Historia 16, Año XXV, núm. 310, febrero de 2002; Idem, “Campos de
concentración en España y Batallones de Trabajadores”, en Congreso…, citado, p. 359 y ss.; Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas,
entre la historia y la memoria, Siete Mares, Madrid, 2003; Joan Llarch, Campos de concentración en la España de
Franco, Producciones Editoriales, Barcelona, 1978.
[44] Así consta en el Breve resumen de la obra del Ministerio de Justicia para la
pacificación espiritual de España, Ministerio de Justicia, diciembre de
1945, publicado en 1946. Sobre el desfase entre las cifras de presos y la
realidad, también Gutmaro Gómez Bravo, “El desarrollo penitenciario en el
primer franquismo (1939-1945)”, en la revista virtual Hispania Nova, núm. 6, 2006. Los datos más repetidos sobre presos
en el franquismo se hallan también en Ángel B. Sanz, De Re Penitenciaria (Prólogo de Eduardo Aunós), Talleres
Penitenciarios de Alcalá de Henares, Madrid, 1945, p. 181. Datos
reproducidos por Halliday Sutherland, Spanish
Journey, Hollis and Carter, Londres, 1948, p. 47.
[45] Sobre las mujeres en las prisiones
franquistas he dedicado un largo capítulo en mi libro La victoria sangrienta, Alpuerto, Madrid, 2014, p. 535 y ss.,
teniendo en cuenta las magníficas obras testimoniales de Tomasa Cuevas (1982,
2004), Mercedes Núñez (1967) y Juana Doña (1978), fundamentalmente. Existe ya
amplia bibliografía: Ricard Vinyes Rivas, Irredentas:
las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, Temas de Hoy,
Madrid, 2002. F. Hernández Holgado, Mujeres
encarceladas. La prisión de Ventas de la República al franquismo (1931-1941), Marcial
Pons, Madrid, 2003. Ángeles Egido, El
perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Catarata,
Madrid, 2009. Encarnación Barranquero y Matilde Eiroa, “La cárcel de mujeres de
Málaga en la paz de Franco”, en Studia
Historica. Historia Contemporánea, 29, Salamanca, 2011, pp. 119-137.
[46] Martín Torrent García, ¿Qué me dice usted de los presos? Talleres
Penitenciarios de Alcalá de Henares, 1942, p. 2. Con todo, el autor tapado de
este libro fue Luis Lucia, ex político de la CEDA, preso de los republicanos en
Barcelona y luego de los franquistas. Véase Vicent Comes, “Un secreto de Luis
Lucía y el engaño del capellán Martín Torrent”, Historia 16, núm. 263, 1998, pp. 28-35.
[47] Ricard Vinyes, “El universo
penitenciario durante el franquismo”, en la obra conjunta Una inmensa prisión, Crítica, Barcelona, 2003, p. 163.
[48]
Julius Ruiz, Franco’s Justice: Repression
in Madrid after the Spanish Civil War, Oxford, 2005. En escritos posteriores ha intentado
rectificar con cifras superiores.
[49] Julius Ruiz, Journal of Contemporary History (44, 3 julio 2009, pp. 449-472).
[50] Francisco Espinosa Maestre (Coord.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Crítica,
Barcelona, 2010, p. 78.
[51] Santos Juliá (Coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de
Hoy, Madrid, 1999, p. 411.
[52] Francisco Espinosa Maestre (Coord.), Violencia roja y azul, citado, p. 78,
hace un recuento de 130.199 de víctimas republicanas, pero en los últimos años
se han producido varias correcciones al alza.
[53] El dato recibió espaldarazo mundial
en las Observaciones Preliminares del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de 30-9-2013, y en el Informe
Definitivo, de 2-7-2014.
[54] Francisco Moreno Gómez, Trincheras de la República, 1937-1939, El
Páramo, Córdoba, 2013, p. 560. Antonio Vilanova habla de 14.672 muertos en esos
primeros tres meses de exilio en el Sur de Francia, en su obra Los olvidados. Los exiliados españoles en la
segunda guerra mundial, Ruedo Ibérico, París, 1969, p. 10, citando fuentes
de “autoridades francesas”. Las mismas cifras recoge Geneviève Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos españoles en
Francia, Crítica, Barcelona, 2000, p. 53.
[55] Peter Anderson, “Francisco Franco,
¿Criminal de guerra?”, en Hispania Nova, núm.
10, 2012. También, en Peter Anderson y M. A. del Arco Blanco (eds.), Lidiando con el pasado. Represión y memoria
de la guerra civil y del franquismo, Comares, Granada, 2014, “Escándalo
y diplomacia. La utilización de los consejos de guerra para mantener la
represión franquista durante la guerra civil”, pp. 83-100.
[56]
Entre otros casos, se cita el del alcalde de
Baralla (Lugo), Manuel González Capón, del PP, que a primeros de agosto de 2013
dijo: “Los condenados a muerte por Franco se lo merecían”.
[57] El escritor Ferrán Fontana Grau
(Tarragona) fue fusilado por ser “autor de varias obras teatrales de matiz y
tendencia revolucionaria, y que las mismas se representaron en teatros de Reus
y que el mismo encartado dirigía; es autor también de versos del mismo carácter
y tendencia, como el titulado ‘Canción de retaguardia’, que obra unido a las
actuaciones”. Lo ejecutaron el 8-8-1939 (J. Subirats Piñana, Pilatos, 1939-1941. Prisión de Tarragona, F.
Pablo Iglesias, Madrid, 1993).
[58] El catálogo de las acusaciones
frecuentes contra los procesados por el franquismo puede verse en F. Moreno
Gómez, La victoria sangrienta, citado,
p. 235 y ss.
[59] Causa núm. 26.454/1939, vista en
Pozoblanco, el 22 de abril de 1940.
[60] Antonio Bahamonde, Un año con Queipo de Llano, Espuela de
Plata, Sevilla, 2005, p. 159.
[61] Manuel Álvaro Dueñas, “La legitimación
de la represión franquista”, en Mirta Núñez Díaz-Balart, La gran represión. Los años de plomo del franquismo, Flor del
Viento, Madrid, 2009, p. 101.
[62] Antonio D. López Rodríguez, Cruz, bandera y caudillo. El campo de
concentración de Castuera, CEDER-La Serena, Badajoz, 2006, p. 72.
[63] La disección del tema terrible del
trabajo esclavo se puede hallar en Santos Juliá (coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999, p. 277 y
ss. (edic. de 2004). En Francisco Moreno Gómez, La victoria sangrienta, 1939-1945, cit., p. 519 y ss. En el
documental de Fernando Mendiola y Edurne Beaumont, Desafectos. Esclavos de Franco en el Pirineo, Eguzki Bideoak,
Memoriaren Bideoak, 30’, 2007. En el documental de Mariano Agudo y Eduardo
Montero, Presos del silencio, documental,
Intermedia Producciones, Sevilla, 2004. Rafael Torres, Los esclavos de Franco, Oberón, Madrid, 2000. Isaías Lafuente, Esclavos por la patria, Temas de Hoy,
Madrid, 2002. De haber consultado esta bibliografía mínima, el libro de
Payne-Palacios no hubiera incurrido en el error de decir que la participación
de los presos en el trabajo esclavo
“siempre fue voluntaria” (p. 266). Es un error. Siempre fueron trabajos
“forzados”. Sólo fue voluntario adscribirse o no a la modalidad de “Redención de
Penas por el Trabajo”, que es algo muy diferente, modalidad que sólo aceptó el
5% de los presos. Y otra puntualización:
Durante la guerra no se crearon Batallones Disciplinarios de Soldados
Trabajadores (p. 266) (Esto fue en la posguerra). Durante la guerra se crearon
Batallones de Trabajadores, sin más. Otro error: no solían darse “sentencias a
trabajos forzados” (p. 266), sino que los trabajos forzados solían ser un
destino posterior a las sentencias. Que “los trabajos forzados tuvieron un
papel mucho más limitado que en otras dictadoras” (p. 266), tampoco es cierto:
En Europa occidental, en este tema, Franco fue el más “esclavizador” de la
Europa fascista, sólo aventajado por Hitler.
[64] Estas teorías insólitas de
Payne-Palacios sobre los trabajos forzados en los campos están tomadas de
Julius Ruiz, experto en infravalorar la represión franquista e hipervalorar la
republicana, “Work and Don’t Lose Hope: Republican Forced Labor Camps during
the Spanish War”, en Contemporary
European History, 18, 4, 2009, pp. 419-441.
[65] La fuente para los Campos de Trabajo
republicanos es Francesc Badía, Els Camps
de Treball a Catalunya durant la Guerra Civil, 1936-1939, Abadía de
Montserrat, Barcelona, 2001. Este libro adolece de cierto pathos religioso, que mediatiza demasiado el texto.
[66] Raphael Lemkin, El dominio del Eje en la Europa ocupada, Prometeo Libros, Buenos
Aires, 2008 (1ª edición en inglés, 1944).
[67] La base legal franquista para el robo
o desaparición de niños reside, primero, en la Orden de 30 de marzo de 1940,
por la que se prohibía la estancia en la cárcel con sus madres a los niños
mayores de tres años. Segundo, la Ley de 4 de diciembre de 1941, según la cual
se podía cambiar de nombre a los niños desamparados. Una investigación de
obligada consulta es la siguiente: Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard
Belis, Los niños perdidos del franquismo,
Plaza y Janés, Barcelona, 2002, y el documental del mismo título y fecha,
producido por Televisión de Cataluña. Estas cifras de la catástrofe infantil
han pasado a un documento de la ONU, Observaciones
preliminares del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o
Involuntarias, al concluir su visita a España, dado en Madrid, a 30 de
septiembre de 2013. Este Informe se
publicó como definitivo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha
2 de julio de 2014. En cuanto a los adultos desaparecidos, las Observaciones Preliminares reproducen su
cuantía en 114.226, cifra todavía incompleta en el Auto del ex juez Garzón. A
ello habría que sumar los asesinados por consejo de guerra, no “desaparecidos”
como tales.
[68] Uno de aquellos niños sufridores fue
Ernesto Caballero Castillo, que ha publicado un libro, Vivir con memoria, El Páramo, Córdoba, 2011, perfecto reflejo de
muchas de las cosas que ocurrieron.
[69] Esta gran mortandad carcelaria en
Córdoba ya la di a conocer en 1987 (mi libro Córdoba en la posguerra, Fco. Baena, Córdoba, 1987), estudio muy
ampliado en mi libro La victoria
sangrienta, cit., p. 488 y ss.
[70] Para estas cifras hemos contado con
estudios de José Mª García Márquez, Manuel Rubio Díaz, Silvestre Gómez Zafra,
Gonzalo Amoedo López, Roberto Gil Moure, Diego San José, José Manuel Sabín,
Francisco Moreno Gómez, Francisco Espinosa, entre otros.
[71] Se hicieron eco por primera vez de
este desastre: Mª Victoria Fernández Luceño, Miseria y represión en Sevilla (1939-1950), Patronato del Real
Alcázar, Ayuntamiento, Sevilla, 2007, p. 181 y ss.; José Mª García Márquez, Las víctimas de la represión militar en la
provincia de Sevilla (1936-1963), Aconcagua, Sevilla, 2012, p. 174.
[72] Artur Parrón i Guasch, Revista Memoria Antifranquista del Baix Llobregat.
El genocidio franquista en Extremadura, Barcelona, núm. 12, Extraordinario,
2012, p. 119.
[73] Francisco Poyatos López, Memorias de un hombre de toga, Córdoba,
1979, p. 146 y ss.
[74] Testimonio oral de don Joaquín Sama
Naharro, en Córdoba, el 8 de julio de 1983. Un hombre ilustrado, de aquella
generación eminente de la República, cuya valía se llevó el huracán del
franquismo, sin haber sido jamás reconocidos.
[75] Gonzalo Amoedo López y Roberto Gil
Moure, Episodios del terror durante la
guerra civil na provincia de Pontevedra. A illa de San Simón, Xerais, Vigo,
2007.
[76] Eutimio Martín García, “El turismo
penitenciario franquista”, Historia 16, núm.
239, marzo, 1996, pp. 19-25.
[77] Véase Ángel Viñas, en su reseña a mi
libro La victoria sangrienta, julio
2014, en su blog www.angelvinas.es. La
influencia de los asesores nazis en los métodos represivos y policíacos, los
han señalado varios autores, como Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta… cit. Y Manuel Ros
Agudo, La guerra secreta de Franco, Crítica,
Barcelona, 2002.
[78] Una perfecta visualización de este
gran expolio aparece en el documental Nos quitaron todo, de Patxi Eguilaz,
Creative Commons, 2011, 85’. Distribución: Eguzki Bideaoak,
geronimouztariz.com. Ahí queda patente lo que hicieron los franquistas en una
docena de pueblos navarros.
[79] Los dos grandes especialistas en la
depuración del Magisterio son dos andaluces: Francisco Morente, de Granada; y
Manuel Morente, de Córdoba. Concretamente: Francisco Morente Valero, La Escuela y el Estado Nuevo. La depuración
del Magisterio Nacional (1936-1939), Ámbito, Valladolid, 1997; Manuel
Morente Díaz, La depuración de la
enseñanza pública cordobesa a raíz de la Guerra Civil, El Páramo, Córdoba,
2011.
[80]
Raphael Lemkin, Axis Roule in Occupied
Europe, II, cap. IX, Columbia University Press, New York, 1944. Existe traducción en castellano, El dominio del Eje en la Europa ocupada, Buenos
Aires, Argentina, Prometeo Libros, 2008-2009.
[81] Ana Tudela, “Hambre, cartilla y
estraperlo: España no come escrúpulos”, en El
Público.es, 2 de abril de 2009.
[82] José Manuel Sabín, 1996, p. 209.
[83] En Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Crítica-Bolsillo,
Barcelona, 2005, p. 279, se aporta un sintético panorama de algunas guerras
civiles europeas, con una represión mucho más leve que la española. Por tanto,
la exculpación de Franco parece difícil por el camino comparativo.
[84] Mariano Sánchez Soler, La transición sangrienta. Una historia
violenta del proceso democrático en España (1975-1983), Península,
Barcelona, 2010.
[85] Claude G. Bowers, Misión en España. En el umbral de la Segunda
Guerra Mundial (1933-1939), Simon and Schuster, New York, 1954; Grijalbo,
México, 1955; y Grijalbo, Barcelona, 1977.
[86] Sir Peter Chalmers-Mitchel, Mi casa de Málaga. Memorias de un
aristócrata escocés en la España republicana, Renacimiento, Sevilla, 2010
(1ª edición inglesa, 1938).
[87] Blanco
y Negro, Madrid, 25 de mayo de 1974, p. 69. Ahí aparece Jesús Palacios como
delegado de relaciones exteriores de CEDADE y escribe sobre “la decadencia y
degeneración de Occidente”. También, Alberto Gayo y otros, “Neofascistas dan
clase en la Universidad Complutense”, Interviú.es,
28-10-2010. Un espectáculo de aurora boreal.
[88] Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, “2012:
Las posibilidades legales de la Memoria Histórica”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núms. 14-12,
diciembre de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario